El TSJA admite a trámite el recurso de un concejal del PSOE sobre la adjudicación de la perrera municipal

El origen del conflicto se remonta al pasado 7 de agosto de 2025, cuando el edil socialista recurrió la adjudicación del contrato municipal a la asociación «Salvando Vidas Voluntarias Perrera de Baza». Sin embargo, el TARCJA rechazó tramitar el recurso al considerar que el concejal carecía de «interés legítimo», imponiéndole además una multa de 1.000 euros por temeridad.

Un error clave

La defensa del concejal sostiene que la inadmisión se basa en un error fundamental: «el tribunal afirmó que Valero formaba parte de la Junta de Gobierno Local y que no votó en contra del acuerdo», cuando en realidad no pertenece a dicho órgano, ya que es concejal del grupo mayoritario de la oposición del PSOE, pero no del equipo de gobierno. Este hecho, según el recurso presentado, es fácilmente comprobable en la propia sede electrónica del Ayuntamiento. Incluso el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos (PP) comunicó formalmente este error al tribunal, lo que ha reforzado la argumentación del concejal en su demanda judicial.

El caso plantea una cuestión jurídica de fondo: si los concejales que no forman parte del órgano que toma una decisión pueden impugnarla. La demanda se apoya en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya ha defendido que los representantes públicos tienen legitimación para recurrir actuaciones municipales por su deber de control y fiscalización.

Según esta interpretación, «limitar ese derecho supondría restringir la participación política y el control democrático dentro de los ayuntamientos».

El despacho de Abogados Alcón y Asociados, señala que más allá de la cuestión formal, el recurso también cuestiona el fondo del proceso de contratación. Entre los principales puntos de conflicto destacan:

Cambio de modelo sin aprobación plenaria: el servicio pasó de gestión directa a indirecta sin que el Pleno municipal aprobara dicha decisión, lo que podría vulnerar la normativa local.

Posible fraccionamiento de contratos: se habrían encadenado varios contratos menores antes de la adjudicación definitiva, lo que podría haber servido para eludir los procedimientos legales ordinarios.

Falta de justificación técnica suficiente: la externalización del servicio no estaría respaldada por informes completos que acrediten su necesidad o eficiencia frente al modelo anterior.

Desde la oposición se denuncia que no llevar este tipo de decisiones al Pleno limita el debate público y reduce la capacidad de control de los concejales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deberá decidir si la inadmisión del recurso fue correcta o si, por el contrario, vulneró el derecho fundamental del concejal a la participación política recogido en el artículo 23 CE. En caso de estimar la demanda, el tribunal podría: Declarar nula la adjudicación del contrato, u ordenar que se revise el caso entrando en el fondo del asunto.

La defensa del concejal, el abogado Joaquín Alcón Marín, estima que el «fallo será clave no solo para este caso concreto, sino también para delimitar el alcance del control que pueden ejercer los concejales sobre las decisiones de sus ayuntamientos cuando no forman parte de los órganos municipales que adoptan los acuerdos».

El PSOE recuerda que el equipo de gobierno utilizó las redes sociales del Ayuntamiento para criticar que el concejal socialista hubiera presentado la denuncia y presentó la multa impuesta, «como si hubiera cometido un grave delito contra el propio ayuntamiento».