La fiscalía denuncia a la exalcaldesa de Caniles Pilar Vázquez (PA) por un presunto delito continuado de prevaricación

Una denuncia que se sustenta en los informes que el propio equipo de gobierno ha recabado y aportado a la fiscalía, donde se recogen 172 reparos de legalidad realizados por la secretaria del Ayuntamiento de Caniles sobre las actuaciones y decisiones de la alcaldesa entre los años 2011 y 2015. La gran mayoría de los reparos por irregularidad son por contrataciones que no se ajustan al procedimiento legal establecido, vulnerando el articulo 91 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de las bases de régimen local que establece la selección de todo personal sea funcionario o laboral.

En el informe de la fiscalía se recogen contracciones sin justificar su necesidad, otras vulnerando el orden previsto en la bolsa de trabajo o sin consignación presupuestaria o contratando por un periodo inferior al establecido. "Hay contrataciones que pretenden justificarse intentando transmitir que el puesto de trabajo a cubrir es de inaplazable y urgente necesidad, lo cual es absolutamente incierto puesto que se trata de puestos de trabajos de los que perfectamente se pueden prescindir", recoge la fiscalía en su informe.

El fiscal también rechaza las alegaciones en su defensa presentada por la exalcaldesa y ahora portavoz del grupo municipal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Caniles, María Pilar Vázquez, negando globalmente los hechos que se le imputan.

La exalcaldesa ha pedido el archivo de la denuncia, argumentando la animadversión demostrada por los denunciantes ante su persona. También argumenta que existen reparos en los años 2010 y 2011 de la anterior alcaldesa. Y asegura que no existe denuncia por parte de la secretaria-interventora, ni por la Cámara de Cuentas, Comisión de Cuentas, ni por la subdelegación del Gobierno.

La fiscalía recoge como hechos que en durante la legislatura 2011- 2015, siguiendo un plan preconcebido, la entonces alcaldesa llevó a cabo una serie de contrataciones masivas en diferentes decretos que contaban con los oportunos reparos y advertencias de ilegalidad de la secretaria interventora. "Reparos que eran conocidos por ella y, a pesar de ello, realizaba las contrataciones producto de su actuar arbitrario y caprichoso", detalla el fiscal en sus diligencias.