La Fiscalía mantiene su petición de once años de inhabilitación para la exalcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez

El Ministerio Fiscal mantiene la petición de inhabilitación especial de once años para cargo o empleo público. Por su parte la acusación particular, que ejercía el Ayuntamiento de Caniles, también ha mantenido su petición inicial de doce años de inhabilitación para la exalcaldesa y ahora portavoz de la oposición municipal en el Ayuntamiento canilero.

Durante el juicio María Pilar Vázquez, dijo en su defensa que «todas las contrataciones se realizaron para cubrir puestos de trabajo de carácter urgente y que nunca fue advertida por la técnica municipal de que estuviera cometiendo irregularidad alguna».

La portavoz municipal del extinto Partido Andalucista, dijo durante la primera sesión del juicio que no tenía conocimientos jurídicos y que cuando accedió a la Alcaldía de Caniles la secretaria-interventora le expuso que ésta era «la manera habitual de contratación, en el Ayuntamiento a la vez que indico que ella no redactada los decretos para la contratación del personal».

La secretaria-interventora del Ayuntamiento de Caniles, declaró como testigo, manifestó que ella presentaba los reparos correspondiente a cada contratación que consideraba irregular para que la alcaldesa los firmará.

Vázquez fue elegida alcaldesa de Caniles en mayo de 2011 y estuvo al frente de la corporación municipal hasta el 3 de julio de 2015, periodo durante el cual realizó la contratación supuestamente irregular de 96 personas, a través de diferentes decretos que contaban con reparos y advertencias de ilegalidad de la secretaria-interventora.

Según se recoge en el informe de la Fiscalía, María Pilar Vázquez «siguiendo un plan preconcebido» y pese a conocer los reparos que existían, impulsó una serie de contrataciones de forma «arbitraria y caprichosa» para cubrir puestos de auxiliares administrativos, peones de limpieza y recogida de basuras, trabajadores para el centro Guadalinfo, técnicos de Deportes o de Educación Infantil, entre otros.

En algunos casos no se justificó el carácter excepcional de las contrataciones ni que fueran destinadas a cubrir necesidades urgentes e inaplazables, como exigía el Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria. En otros, la selección no garantizó los principios de igualdad, mérito y capacidad que se exige en el sector público o se contrató a los aspirantes por menos tiempo del dispuesto en las bases. El asunto fue investigado por el Juzgado de Instrucción 2 de Baza y ahora ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Granada.