El TSJA condena al ayuntamiento de Zújar por despido improcedente de 14 trabajadoras

La Sala de lo Social del TSJA con sede en Granada ha condenado mediante Sentencia de fecha 19 de noviembre de 2020 al Ayuntamiento de Zújar, que preside Salvador Moreno Cuesta, del partido independiente Gente de Zújar, a readmitir a catorce trabajadoras que vienen prestando el servicio de ayuda a domicilio en las mismas condiciones laborales que mantenían antes del día 3 de julio de 2019 en la empresa concesionaria del servicio, fecha en que fueron despedidas por el Ayuntamiento, o a indemnizarles en la cantidad total de 183.294,42 euros, absolviendo a la anterior empresa empleadora, la sociedad cooperativa Negratín S.C.A., revocando así la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Granada, que había absuelto tanto al Ayuntamiento como a la empresa cedente. Ahora el Ayuntamiento de Zújar deberá optar en el plazo de cinco días por la readmisión o por indemnizar a las trabajadoras según esa sentencia del TSJA.

Los hechos se remontan al día 3 de julio de 2019, fecha en que el Ayuntamiento rescató el servicio de ayuda a domicilio por decisión del nuevo gobierno local que preside Salvador Moreno Cuesta, adoptando la decisión de no subrogarse en los contratos de las trabajadoras que prestaban el servicio para la anterior concesionaria, , vulnerando con ello, según la sentencia del alto tribunal de Andalucía, sus derechos laborales, pues debió suceder a la empresa anterior en todos los contratos con carácter de indefinidos no fijos, con la antigüedad y demás derechos previstos en la legislación laboral aplicable. En lugar de cumplir con la legislación laboral vigente el gobierno local que preside Moreno Cuesta decidió publicitar una bolsa de trabajo para contratar de nuevo a las trabajadoras con contratos por obra o servicio, con lo que además de vulnerar sus derechos laborales, se ahorraban importantes costes laborales y de Seguridad Social, lo que ha sido objeto de reproche por la resolución judicial.

El PSOE de Zújar indica que ha defendido desde el principio que, independientemente del modelo de gestión del servicio, las trabajadoras no podían perder los derechos laborales adquiridos, y así se hizo saber en numerosos escritos y alegaciones a los que el alcalde no respondió.

«El actual alcalde utilizo políticamente el servicio de Ayuda a Domicilio contra la anterior corporación y cuando llegó al gobierno se olvidó de los derechos de las trabajadoras. Si las trabajadoras no recurren no hubieran mantenido sus derechos». Indica el PSOE a la vez que precisa que ahora no caben más recursos por parte del Ayuntamiento que tiene que cumplir la sentencia y devolver los derechos, que las trabajadoras «nunca tuvieron que perder».