El Tribunal Constitucional avala la legalidad de la conducción de agua de Castril a Baza

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir demuestra con datos judiciales sobre la mesa que la conducción de agua desde el embalse del Portillo a Baza es un proyecto totalmente legal, «por mucho que desde la Plataforma y otros allegados insistan en su ilegalidad». Según los datos facilitados por la CHG « Todas las obras y actuaciones realizadas o aprobadas por la Administración del Estado al amparo del Real Decreto 1419/2005, y entre las que se encuentran las obras de conducción para el abastecimiento de agua al municipio de Baza desde el embalse de 'El Portillo' en el municipio de Castril, tienen «actualmente» la cobertura legal que le otorga la disposición adicional 15ª de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, mediante la cual, se convalidaron «todas las obras y actuaciones relativas a la ordenación de los recursos hídricos en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro», derivadas de la ejecución del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, declarado nulo por sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009. Es a esta sentencia del TS a la que se acoge la Plataforma de Defensa del Río Castril, para argumentar que las obras de la conducción de agua, (que no trasvase), son ilegales.

Sin embargo CHG recuerda que, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en enero de 2012, de la citada Disposición Adicional 15ª de la Ley 22/2011 fue desestimada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia de 5 de noviembre de 2015, provocando de inmediato que el Tribunal Supremo levantara las medidas de paralización de las obras y de los expedientes que en incidente de ejecución de sentencia se habían acordado mediante auto de 4 de febrero de 2011.

Sentencias

Desde CHG, y a mayor abundamiento, se indican que existen numerosas sentencias que avalan la legalidad de las obras y demás actuaciones llevadas a cabo por el organismo de cuenca con motivo de las obras de conducción para el abastecimiento de agua al municipio de Baza desde el embalse de El Portillo (Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recurso 1/2011 promovido por la Asociación Plataforma para la defensa del Río Castril de fecha 3 de abril de 2018 contra la Administración General del Estado sobre la autorización de obras para el abastecimiento de aguas de Baza. Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, 677/2010 promovido por el Ayuntamiento de Cortes de Baza de fecha 5 de octubre de 2018 frente a la resolución de la Ministra de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2006, que autorizó la ejecución de las obras y expropiaciones por emergencia para la realización de la conducción para el abastecimiento de agua al municipio de Baza desde el embalse del Portillo.)

La actuación ya ejecutada en un 94% en ningún caso compromete el estado ecológico del río Castril, al limitarse la posible captación a un máximo anual de 4 hm3 según establece el Plan Hidrológico, lo que representa un 5,3 % de los 76 hm3 de aportación media del rio calculada entre los años 2001 y 2020. Además se ha impuesto un caudal ecológico aguas abajo de la toma de 1.000 litros por segundo.

Concentración frente a la sede del TSJA para pedir que no se termine la conducción de agua de Castril a Baza

Protesta

La Plataforma de Defensa del Río Castril, celebró ayer mañana una concentración en Plaza Nueva, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir que no se terminen las obras de la conducción de agua desde el Embalse del Portillo a Baza. «Desde la Plataforma por la Defensa del río Castril conjuntamente con los ayuntamientos de Castril y Cortes y la Fundación Savia queremos denunciar el posible fraude de Ley que se quiere perpetrar contra el río Castril, según viene reflejado en el borrador en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir al recogerse la terminación de las obras, poniendo de manifiesto el absoluto desprecio contra la sentencia firme que su día dicto el Tribunal Supremo».

Por tal motivo piden la dimisión del actual presidente de la CHG Joaquín Páez «ya que no solamente va contra el sentido común de querer terminar unas obras innecesarias e ilegales, habiendo soluciones alternativas más económicas, menos agresivas para el medio ambiente y con menos contestación social». La plataforma también critica que se realizaran una jornadas teóricamente de participación ciudadana, sin invitar a los verdaderos afectados, o sea «jornadas a la carta» previa invitación, para cumplir expediente de cara a la Comisión Europea.