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Parque eólico de los Morrones entre Zújar y Baza JOSÉ UTRERA
Regantes acusan a los responsables públicos de vender el territorio a empresas especuladoras

Regantes acusan a los responsables públicos de vender el territorio a empresas especuladoras

La Comunidad de Regantes Siete Fuentes Negratín de Baza denuncia el infierno eólico y fotovoltaico que se avecina en la comarca que abocarán a los agricultores a la emigración

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 12 de abril 2021, 13:42

La Comunidad de regantes de Siete Fuentes Negratín refiere que la línea eléctrica de 400 KV entre Caparacena y Baza ha posibilitado el desarrollo de múltiples proyectos de generación de energía, tanto eólica como fotovoltaica en la comarca de Baza. Para los responsables públicos y las empresas promotoras se trata de desarrollo y del cambio de modelo energético, sin embargo, para quien realmente sufre estos proyectos en el medio rural, «consideran que lo que se avecina es un verdadero infierno para los habitantes de los pueblos, los agricultores y ganaderos de la comarca»

Según los regantes, algunos de los propietarios de terrenos afectados por los parques eólicos y fotovoltaicos usan la expresión de «estar flipando» cada vez que reciben más información de lo va a ocurrir con su comarca.

9 son los proyectos que está tramitando la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, según el Servicio de Industria, Energía y Minas, 2 en Baza ubicados en los llanos de Sabroja y llanos de Cuquillo, en Caniles hay tres proyectos Melguizas, Carricondo y otro entre Caniles y Zújar denominado Blanco. En Freila hay uno proyectos y tres en Zújar en los llanos de Catín, de la Estación y en los Tramposos. Todos suman una potencia 322 MW distribuidos en 83 aerogeneradores cuyos proyectos irán saliendo próximamente a información pública.

La comunidad de regantes Siete Fuentes, señala que los parques eólicos sólo son las que le corresponde su aprobación a la administración autonómica. La autorización de instalaciones de generación eléctrica superior a 50 MW es competencia del Estado, estando en trámite actualmente el parque eólico Atocha con una potencia de 58,8 MW y 14 aerogeneradores, así como los Jabalcones con una potencia de 50,4 MW y 15 turbinas eólicas. A todo ello hay que añadir la planta solar fotovoltaica Ququima, actualmente en fase de información pública, con una potencia total de 250 MW y una ocupación de más de 700 ha de acero y cristal. Por lo tanto, en esta primera fase de la línea 400 KV hasta Baza está prevista la instalación inicial de 681,2 MW, estando pendiente una segunda fase con la prolongación de la línea 400 KV hasta Vera y una tercera con la ampliación hasta la Puebla de Don Fadrique.

Oscurantismo

El presidente de la Comunidad de Regantes Siete Fuentes Negratín, José Antonio Azor, indica que más que «estar flipando» está «alucinando». Y es que las futuras afecciones de las plantas eólicas y fotovoltaicas van a comprometer la ejecución de los regadíos de las comunidades de Regantes.

Para José Antonio Azor, «este es el resultado de hacer las cosas de espaldas a la ciudadanía y ha indicado que nuestros políticos han vendido nuestros pueblos en beneficio de las grandes empresas privadas, a los agricultores nos expropian, nos privan de nuestro medio de vida, nos invitan a emigrar y abandonar todo por lo que llevamos luchando desde generaciones».

La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes ha aprobado realizar alegaciones en contra de la primera instalación de renovables que ha salido a información pública, es decir la central solar Ququima. Consideran que la planta energética no es compatible con los regadíos ni con la actividad agrícola ni ganadera y porque el proyecto no contempla ningún estudio económico sobre los impactos sociales en las actividades actuales y futuras sobre los terrenos que la empresa privada quiere expropiar.

La planta solar ocupa 99,7 hectáreas de esta comunidad de regantes, además de una de sus balsas impulsión, tuberías y resto de infraestructuras de riego. A esta superficie afectada hay que sumar el detrimento de las fincas. En palabras del propio Azor «no se trata de una expropiación forzosa, sino del destierro de nuestros habitantes durante 25 años».

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