Les piden cárcel por demandar a su hermano fallecido para quedarse sus bienes

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan al 20 de julio de 2013, fecha en la que muere el hermano de los acusados Francisca y José María M.L., momento en el que ambos deciden incorporar a su patrimonio tres de sus fincas de Baza.

Para hacerlo, contaron con el asesoramiento del también acusado Esteban Javier J.L., un letrado en ejercicio y con antecedentes penales cancelados que conocía el fallecimiento del hermano de los acusados.

Con el objetivo de legalizar la propiedad de las tres fincas y cuatro días después de la muerte del hombre, el letrado acusado presentó una demanda contra el fallecido para lograr que se diera validez a un contrato de compraventa firmado entre el difunto y sus hermanos, demanda que en el reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia 1 de Baza.

En la demanda alegaron que el fallecido les había vendido las tres fincas mediante contrato privado y por un precio total de 19.580 euros y pretendían que un juzgado ordenara inscribir a su nombre los terrenos.

Las pruebas periciales demostraron que tanto la demanda como el contrato se redactaron e imprimieron en el mismo ordenador e impresora y "sin prácticamente diferencia temporal" y que la firma del difunto la había realizado su hermano, por lo que los tres acusados elaboraron los documentos para quedarse la herencia del hijo del difunto, que vivía en Badalona.

Al ocultar la muerte del demandado pretendían que se declarara en rebeldía al fallecido por lo que el marido de la acusada Francisca y también procesado José H.S. se encargó de retirar las notificaciones judiciales sin comunicarlo al heredero ni devolverlas al juzgado.

"El fin de los acusados se vio truncado", según la Fiscalía, cuando el heredero del difunto recibió la diligencia con las medidas cautelares acordadas por el Juzgado que llevaba la demanda y comunicó la muerte de su padre, por lo que la causa se archivó.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de estafa procesal en grado de tentativa, por el que ha acusado como autores a los dos hermanos, y al abogado y al cuñado del difunto como colaboradores necesarios.

Ha imputado a los cuatro otro delito de falsedad en documento privado y ha interesado para todos una condena a dos años de cárcel, el pago de 2.160 euros en concepto de multa y las costas procesales.

Los cuatro serán juzgados en dos sesiones y desde el próximo 17 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.