La Junta garantiza la concertación de plazas de la residencia para el próximo año
El alcalde y la concejala de Bienestar se han reunido esta mañana con el director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.El director de la Agencia de Servicios Sociales y ley de la dependencia en Andalucía, Manuel Martínez Domene, ha garantizado al alcalde de Baza, Pedro Fernández, la firma del convenio para la concertación de plazas de la residencia de mayores de Baza el próximo año, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016. Esta es una de las principales conclusiones que se han cerrado esta mañana en la reunión mantenida en Sevilla y en la que, además, se ha abordado la necesidad de fijar un calendario de pagos por la prestación de la ayuda a domicilio de la ley de la dependencia.
JOSÉ UTRERA
Viernes, 15 de abril 2016, 12:13
"Hay un apoyo claro y rotundo a la residencia. El director de la agencia se ha comprometido a la firma del convenio de concertación con cargo al próximo presupuesto de la Junta y con un número de plazas suficiente para garantizar la viabilidad de la residencia" ha afirmado el alcalde de Baza, quién ha matizado que antes de la concertación debe finalizar la tramitación administrativa para la apertura, es decir concluir el equipamiento y que las instalaciones reciban el visto bueno conforme a la normativa vigente para este tipo de instalaciones.A este respecto, el alcalde ha detallado que se ha requerido a la empresa para que agilice la dotación de mobiliario y resto de equipamiento para avanzar en la firma del convenio de concertación para el próximo año.Ha insistido en que en el proceso para la concertación no se puede fijar un número determinado de plazas sin un análisis técnico y de profesionales, que tenga en cuenta factores como la viabilidad de la propia instalación, la demanda de plazas o las ya existentes en Andalucía y las previsiones para el próximo año.En relación a los pagos correspondientes a la ayuda domiciliada ligada a la ley de la dependencia, la Junta se ha comprometido a no superar más de tres meses de atrasos y a establecer un mecanismo administrativo que agilice los pagos con el fin de garantizar la estabilidad de los trabajadores de este servicio.
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