El juzgado archiva otra denuncia de IU y Nuevo Castril contra el exalcalde José Juan López

    Tras las diligencias previas llevadas a cabo por el Juez de Huéscar y de todo lo actuado no se ha apreciado irregularidad alguna cometida ... por el ex Alcalde castrileño.  La denuncia estaba basada en las conclusiones del informe de la controvertida ?auditoría?, que recogía que el gasto en ?taxis? entre el 1 de enero de 2008 y el 11 de junio de 2011 ascendía a la cantidad total de 47.246.99 euros, lo que suponía un supuesto gasto medio de 13.500 euros anuales en taxis por parte del ex alcalde socialista.  Sin embargo, tras las diligencias previas, las declaraciones de los testigos citados y con la documentación aportada por el Ayuntamiento de Castril, ha quedado acreditado que tal acusación era falsa y que los gastos atribuidos al Ex Alcalde en exclusiva,  eran en realidad del montante total de la partida presupuestaria habilitada para todos los viajes y transportes sufragados por el Ayuntamiento, que, además de los viajes del ex alcalde,  incluía los desplazamientos de otros concejales, empleados municipales, de diversas asociaciones, ya sean culturales o de mujeres o de los servicios sociales.  Así mismo quedó acreditado que los viajes realizados por el ex Alcalde eran en representación del Ayuntamiento y en ningún caso a título personal o privado, como se quería hacer creer.  El PSOE castrileño ha querido precisar que cada vez que el alcalde, un Concejal o un empleado público, realizan un viaje para desarrollar alguna gestión municipal cobran una dieta de desplazamiento pagada por la administración, en este caso por el Ayuntamiento. Todos los castrileños y saben que el ex alcalde socialista no tiene vehículo propio y que siempre se ha desplazado en transporte público, concretamente en taxi, pero nunca ha presentado dietas por desplazamiento, ni las ha cobrado, simplemente se han pagado, entre otros muchos del todo el Ayuntamiento, los gastos en desplazamiento del ex alcalde, por la misma cantidad que el mismo hubiera cobrado por kilometraje si tuviera coche propio y lo hubiera utilizado para sus desplazamientos. A juicio del ex alcalde de Castril, José Juan López, esta y las otras denuncias presentadas, no habrían tenido recorrido alguno si se hubiera tenido en cuenta que todas ellas se basan en una impostura, en una supuesta auditoría contratada al efecto por los denunciantes, ilegal, irregular, parcial e interesada en sus conclusiones. No en vano la presunta ?auditoría? que ha servido de base a la Fiscalía para redactar su denuncia contra el ex alcalde de Castril, José Juan López, no era más que un informe resumido que enumeraba unas supuestas irregularidades, sin documentación que sustentara tales acusaciones y, lo más grave, sin haber sido validada por la Interventora del Ayuntamiento.  Por eso, el Ayuntamiento de Castril, gobernado ahora por el Partido Popular abrió un expediente sancionador a la empresa Auditores Andaluces S.L, autores de la ?auditoría? que sirvió de base para que el ex alcalde Miguel Pérez Jiménez y la Concejala de IU Alicia López Moreno interpusieran varias denuncias contra José Juan López Ródenas, ex alcalde socialista de Castril.        El Ayuntamiento castrileño concluyó dicho expediente sancionador con la imposición de una multa y el rechazo a dicha auditoría, al considerar que además de haberse incumplido el contrato entre la empresa Auditores Andaluces S.L. y el Ayuntamiento, se han producido daños y perjuicios al Consistorio  por el incumplimiento del contrato y los gastos que ha ocasionado la falta de aportación de documentos que sustenten las acusaciones que generaron la apertura de diligencias en la Fiscalía de Granada y en el Juzgado de Huéscar. El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castril que sustituyó a Miguel Pérez al frente de la Alcaldía de Castril mantiene que a su llegada se encontró con facturas de la empresa auditora presentadas por un trabajo profesional no realizado, encargado dos años antes por el ex alcalde Miguel Pérez y la Concejal de IU Alicia López, encontrándose el Ayuntamiento imposibilitado para fiscalizar el material de trabajo, sometido a indefensión al haberse aperturado unas diligencias previas de investigación en la Fiscalía, para lo que el Ayuntamiento ha tenido que reconstruir sin criterio unas evidencias denunciadas sobre las que los auditores no han aportado pruebas.    Al contrario de los manifestado por el ex Alcalde de Castril, Miguel Pérez Jiménez y por la Concejala de IU, Alicia López Moreno, el documento presentado por la empresa Auditores Andaluces S.L y que les sirvió para interponer varias denuncias ente la Fiscalía contra José Juan López, dicho informe no era sino una relación de indicios y suposiciones sin sustento documental. En este sentido el Ayuntamiento de Castril recuerda que la práctica habitual de trabajo en estudios de auditorías que se desarrollan en Entidades Locales y también en entidades de derecho privado, sostiene que las conclusiones que se aportan deben estar soportadas en evidencias precisas sobre las que fundamentar suficientemente las afirmaciones que se manifiestan, cosa que en el caso de la ?auditoría? citada no ha ocurrido.  Es requisito y parte del propio contrato el aportar cuanta documentación haya sido empleada para la confección del dossier presentado, cosa que el Ayuntamiento de Castril requirió a la empresa Auditores Andaluces S.L.  sin resultados. Por si fueran pocas las vulneraciones, especialmente en su código ético, en que la empresa Auditores Andaluces S.L. incurrió en este asunto, cabe destacar que el trabajo de ?campo? fue llevado a cabo por un ?auditor? que formaba parte de la candidatura electoral del ex alcalde Miguel Pérez Jiménez, que además fue el responsable de la filtraciones que se llevaron a cabo a los medios de comunicación contraviniendo los principales principios del código ético. En la Junta de Gobierno del 16 de mayo de 2013, la Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Castril, avisó al Alcalde y al resto de los componentes de su Equipo de Gobierno que los trabajos y conclusiones derivados de una auditoría realizada por una empresa privada no tiene efectos jurídicos ni validez por sí misma si no se avalan por quien ostenta la titularidad del control interno del Ayuntamiento, es decir de la Secretaría Intervención, cosa que en el caso que nos ocupa no había sucedido. A pesar de tener conocimiento de este extremo, la Concejala de IU, Alicia López, abusando de su interinidad como Alcaldesa presentó la presente denuncia ante la Fiscalía, sustentada en un informe de los auditores sin terminar, ni validar.