El Ayuntamiento expedienta a la empresa que realizó la “auditoria” contra el exalcalde López Rodenas

  El Ayuntamiento de Castril, gobernado por el Partido Popular abrió un expediente sancionador a la empresa Auditores Andaluces S.L, autores de la ?auditoría? que sirvió de base para que el ex alcalde Miguel Pérez Jiménez y la concejala de IU Alicia López Moreno interpusieran varias denuncias contra José Juan López Ródenas, ex alcalde socialista de Castril. 

JOSÉ UTRERA

Lunes, 27 de octubre 2014, 12:00

El Ayuntamiento castrileño concluyó dicho expediente sancionador con la imposición de una multa y el rechazo a dicha auditoría, al considerar que además de haberse incumplido el contrato entre la empresa Auditores Andaluces S.L. y el Ayuntamiento, se han producido daños y perjuicios al Ayuntamiento por el retraso que ha implicado el incumplimiento del contrato y los gastos que ha ocasionado la falta de aportación de documentos que sustenten las acusaciones que generaron la apertura de diligencias en la Fiscalía de Granada y en el Juzgado de Huéscar, según informe el Grupo Socialista del Ayuntamiento castrileño, mediante un comunicado. El PSOE relata que el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castril que sustituyó a Miguel Pérez al frente de la alcaldía de Castril, gobernado por el Partido Popular y cuyo alcalde es Javier Dengra,  mantiene que a su llegada a la alcaldía, se encontró con facturas de la empresa auditora presentadas por un trabajo profesional no realizado, encargado dos años antes por el exalcalde Miguel Pérez y la concejal de Izquierda Unida  Alicia López, encontrándose el Ayuntamiento imposibilitado para fiscalizar el material de trabajo, sometido a indefensión al haberse aperturado unas diligencias previas de investigación en la Fiscalía, para lo que el Ayuntamiento ha tenido que reconstruir unas evidencias denunciadas sobre las que los auditores no han aportado pruebas. Refieren los socialistas.       ?Al contrario de los manifestado por el ex alcalde de Castril, Miguel Pérez Jiménez y por la concejala de IU, Alicia López Moreno, el documento presentado por la empresa Auditores Andaluces S.L y que les sirvió para interponer varias denuncias ente la Fiscalía contra José Juan López, alcalde socialista de Castril, dicho informe no era sino una relación de indicios y suposiciones sin sustento documental.? En este sentido siempre según el PSOE el Ayuntamiento de Castril recuerda que la práctica habitual de trabajo en estudios de auditorías que se desarrollan en entidades locales y también en entidades de derecho privado, sostiene que las conclusiones que se aportan deben estar soportadas en evidencias precisas, las cuales fundamentar suficientemente las afirmaciones que en los informes se manifiestan, cosa que en el caso de la ?auditoría? citada no ha ocurrido. Es requisito y parte del propio contrato el aportar cuanta documentación haya sido empleada para la confección del dossier presentado, cosa que el Ayuntamiento de Castril requirió a la empresa Auditores Andaluces S.L. sin resultado alguno. ?Por si fueran pocas las vulneraciones, especialmente en su código ético, en que la empresa Auditores Andaluces S.L. incurrió en este asunto, cabe destacar que el trabajo de ?campo? fue llevado a cabo por un ?auditor? que formaba parte de la candidatura electoral del ex alcalde Miguel Pérez Jiménez, que además fue el responsable de la filtraciones que se llevaron a cabo a los medios de comunicación contraviniendo los principales principios del código ético?. Puntualiza el Grupo Municipal Socialista.  Para finalizar según el PSOE ? Ni el ex alcalde Miguel Pérez, ni la concejala de IU, Alicia López era ajenos a la normativa en materia de auditorías y han actuado con evidente mala fe, ya   en la Junta de Gobierno del 16 de mayo de 2013, la Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Castril, avisó al Alcalde Miguel Pérez y al resto de los componentes de su Equipo de Gobierno que los trabajos y conclusiones derivados de una auditoría realizada por una empresa privada no tiene efectos jurídicos ni validez por sí misma si no se avalan por quien ostenta la titularidad del control interno del Ayuntamiento, es decir de la Secretaría Intervención, cosa que en el caso que nos ocupa no ha sucedido?.  

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