La Ley Orgánica del Poder Judicial perjudica a la justicia
Los juzgados de paz desaparecerán por completo, la reforma del Gobierno central no admite ninguna medida transitoria como afirma Castillo Calvín. El alcalde de Baza denuncia la pasividad de ciudades perjudicadas como Motril, Guadix y Loja. La eliminación de los partidos judiciales y la concentración de los Juzgados de Primera Instancia en las capitales mediante la creación de los denominados Tribunales Provinciales de Instancia (TPI), como se pretende en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros del 4 de abril, no hará más eficaz la administración de la Justicia, sino todo lo contrario, dificultará el acceso a la misma a los ciudadanos y de forma muy especial a quienes residen en poblaciones rurales, como ocurre en el Partido Judicial de Baza. Esta es una de las principales consecuencias que ponen de manifiesto desde la Comisión para la Defensa de los Juzgados y Partido Judicial de Baza, colectivo que agrupa a miembros de la abogacía, colectivos ciudadanos y ayuntamientos de las comarcas de Baza y de Huéscar.
JOSÉ UTRERA
Domingo, 25 de mayo 2014, 09:50
Para el abogado José Ángel Rodríguez, afirmar, como hizo ayer el diputado del PP José Miguel Castillo Calvín, que con esta reforma el sistema judicial será más eficaz y de más calidad ?es completamente falso?, al tiempo que ha añadido que ?resulta lamentable que esté faltando a la verdad una persona del prestigio y la entidad de Castillo Calvín. Los Juzgados de Paz desaparecerán de forma completa, en ninguna parte del anteproyecto se contempla una medida transitoria para estos organismos como él ha llegado a asegurar?. Para el abogado, y miembro de la comisión bastetana, el anteproyecto de ley ?carece de sentido práctico y funcional, entorpece y encarece el acceso a la Justicia. Haciendo más doloroso, si cabe, la situación de las víctimas de violencia de género o de cualquier otro delito, que serán obligadas desplazarse hasta las capitales para ratificar una denuncia o ser examinadas por un forense, por citar algunos de los ejemplos a los que el ciudadano deberá enfrentarse, caso de seguir adelante esta propuesta, que nos merece nuestro más profundo rechazo?. El alcalde de Baza, Pedro Fernández, que es abogado de profesión, considera una ?perversión hablar de eficacia cuando la pretensión es claramente la de obstaculizar el acceso a la Justicia a los ciudadanos con menos recursos, como ya se ha hecho con las tasas judiciales, para que desistan de su derecho a la misma y así disminuir la carga sobre los juzgados?. Fernández llama la atención sobre las consecuencias sociales y económicas que tendrá para toda la ciudad de Baza y resto de ciudades medias de la provincia con sede judicial la desaparición de un servicio que mueve semanalmente a miles de personas. ?Las cafeterías, alojamientos, comercios, gasolineras y otros establecimientos se verán perjudicados directamente y con ellos de forma indirecta todos sus proveedores y personas que trabajan y viven gracias a la prestación de servicios?. Ante esta situación el regidor se muestra sorprendido del silencio y falta de movilización institucional de otros municipios como Motril, Guadix y Loja que también serán gravemente perjudicados por la aplicación de esta reforma que podría provocar, incluso, la fuga de población a las capitales donde se prestan todos los servicios. ?Para alguien como el señor Castillo Calvín que vive entre Granada y Madrid resulta fácil hablar, pero debería defender los intereses de todos los ciudadanos en lugar de defender una reforma nefasta y perjudicial para las personas?. En opinión de la José Ángel Rodríguez, hablar de desconocimiento de quienes advierten del grave error de la aplicación Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), es un intento de desacreditar las críticas y de camuflar los errores de este anteproyecto, que ni siquiera contempla soluciones a los numerosos e insalvables problemas prácticos de su aplicación. No aclara por ejemplo, cómo se llevará la instrucción de un asunto penal acontecido en Baza, por un Tribunal de Instancia situado a más de cien kilómetros en Granada. No aclara lo que ocurrirá con los detenidos que pasen a disposición judicial o cómo se harán las diligencias que tengan que practicarse en la provincia (notificaciones, registros, etc.).
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