La gestión del ex alcalde de Castril Miguel Pérez Jiménez a la fiscalía

 La gestión del ex alcalde de Castril  Miguel Pérez Jiménez a la fiscalía
  • Según el informe aprobado en un pleno extraordinario, el exregidor podría haber cometido entre otros, un delito de malversación de fondos públicos. El pleno del Ayuntamiento de Castril, acordó ayer en sesión plenaria enviar a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, las irregularidades detectadas en la gestión del anterior alcalde, Miguel Pérez Jiménez perteneciente al Grupo Municipal Nuevo Castril. El acuerdo adoptado en un pleno de carácter extraordinario contó con el voto favorable de los ediles del PSOE,  PP y del Grupo Independiente por Castril, aunque el alcalde Javier Dengra (PP) curiosamente optó por la abstención. La concejala de IU, Alicia López, que gobernó en coalición con Miguel Pérez, no asistió al pleno y tampoco asistieron los ediles de Nuevo Castril, incluido el ex alcalde, según este porque no fue convocado convenientemente. 

Llama poderosamente la atención que sea el propio equipo de gobierno el que presentara el informe al pleno, que va directamente contra un socio de gobierno como es el Grupo de Nuevo Castril. Aunque desde el mismo momento en el que se produjo el relevo era evidente que el PP tendría que dar este paso,  si no quería verse implicado en la gestión realizada por el ex alcalde Miguel Pérez, en solitario o con el apoyo de Izquierda Unida.  Según el acuerdo plenario y con la documentación aportada avalada por la secretaria interventora del Ayuntamiento, el ex alcalde de Nuevo Castril, Miguel Pérez Jiménez  «podría haber cometido  supuestamente los  delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental».  En la extensa documentación aportada al pleno y que será  enviada a la fiscalía se recoge un informe presentado por Miguel Pérez con fecha de 6 de Junio de 2013 en el registro de entrada del Ayuntamiento, redactado por un técnico que no pertenece a la plantilla municipal, con el que se intentaba justificar el gasto y las obligaciones de gasto generados por el arreglo de varios caminos rurales en el municipio castrileño.   El  informe aprobado ayer evidencia varias irregularidades «Miguel Pérez Jiménez habría realizado las obras de arreglo de diversos caminos rurales del municipio, ya sea con medios propios, de la Mancomunidad de Municipios, o con distintas empresas, adjudicando las mismas de forma directa, sin tramitar expediente administrativo de contratación o ejecución de los trabajos, sin oferta pública y sin aprobación previa del órgano del gobierno municipal. Iniciando así una actuación que ni siquiera permitía conocer las características de la obra, ya que no existía estudio previo o aproximado del gasto total, ni consignación presupuestaria para llevarla a cabo». Según el mismo informe municipal «las obras  se hicieron con ausencia total de procedimiento en cuanto a la ejecución, sin informe alguno de secretaría, del servicio de contratación o de la intervención municipal y sin consignación presupuestaria en el momento de realizarse. Miguel Pérez Jiménez prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo, siendo perfecto conocedor de la ilegalidad que estaba cometiendo».  El actual equipo de Gobierno del que en teoría forma parte el propio grupo municipal de Nuevo Castril de Miguel Jiménez que ahora podría estar negociando su incorporación al Partido Andalucista, detectó numerosas irregularidades y contradicciones en las obras en cuestión, como caminos que no se han arreglado, un desfase de casi 100.000 euros entre el gasto real y lo facturado, así como en diversos pagos de cantidades abultadas sin justificación.        El acuerdo de enviar el expediente a la fiscalía se justifica porque del mismo se desprendería la comisión de los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental por parte de Miguel Pérez Jiménez, entre los que destacaría el haber efectuado pagos o generados gastos por trabajos no realizados, sin consignación presupuestaria, sin control, ni conocimiento y contra las recomendaciones de la Intervención municipal. Por si lo anterior no fuera poco, una vez revisadas la facturas y albaranes que se aportan en el informe y que están pendientes de pago, se puede comprobar inicialmente la existencia de «irregularidades en muchas de esas facturas o albaranes, que podrían tener una importante repercusión en el cómputo total de la deuda a la que ha de hacer frente el Ayuntamiento, pudiendo existir falsedades en las mismas o incluso posibles actuaciones fraudulentas».  Llama la atención  la justificación de gastos ocasionados en combustible y que han sido cargados, según consta en el informe, a las obras de arreglo de caminos rurales. «Pero que son en realidad del personal del Ayuntamiento, del servicio de recogida de basura, de mantenimiento, de la Policía Local, del propio ex alcalde o de personas ajenas al Ayuntamiento, sin relación contractual con el mismo».   O de albaranes que no están firmados por personas autorizadas o identificadas   y de facturas que como en el caso de una presentada por importe de 47.636, euros, los albaranes que se aportan como justificación del trabajo son de abril y mayo de 2012, mientras que la empresa en cuestión no se habría inscrito en el Registro Mercantil hasta el 2013. «El informe redactado a petición del  Ayuntamiento sobre el arreglo real varios caminos parecen haberse inflado los gastos y falseado documentación».     Para los concejales  que  ayer acordaron  enviar el informe a la fiscalía,  ?Miguel Pérez Jiménez incurrió  en una secuencia de actuaciones ilegales y no en un simple incumplimiento ocasional de alguna exigencia legal, puesto que se actuó no solo con desentendimiento de todas ellas, sino utilizando un mecanismo no adecuado, actuando con un criterio opaco allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia?.  De especial gravedad es «la flagrante ilegalidad detectada en el pago por adelantado autorizado por el ex alcalde Miguel Pérez Jiménez a una empresa del municipio, por un importe de 6.844 euros, a pesar de los reparos de la secretaría interventora, del voto en contra de la Junta de Gobierno Local y, sobre todo, cuando dicha empresa no ha realizado ningún trabajo para el Ayuntamiento».