El Ayuntamiento de Baza crea una oficina de intermediación hipotecaria para proteger a las familias de los desahucios

El alcalde de Baza, Pedro Fernández, ha manifestado que se trata de un primer paso para ?evitar situaciones que causan un gran daño a las familias, se trata de evitar que se queden desamparados y que encuentren en su administración más cercana, en este caso en el Ayuntamiento un primer asesoramiento. Queremos, además, evitar que se produzcan situaciones irreversibles que afectan profundamente a las personas?. El edil le ha pedido a Elena Cortés que realice una visita a Baza y ésta se ha comprometido a visitar el municipio para conocer la situación en materia de demanda de vivienda.Serán el área de Servicios Sociales, la oficina técnica de Urbanismo y la Oficina de Consumo del Ayuntamiento las que se encargarán de esta primera atención, asesoramiento y protección de los posibles afectados por un desahucio, quienes después recibirán asesoramiento más especializado del servicio que ha establecido la delegación de Fomento y Vivienda en Granada. En virtud del acuerdo firmado hoy se prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.El Ayuntamiento se compromete, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de la Delegación Territorial de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social. Detalles del convenio  El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el  arrendamiento de su vivienda habitual.  También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.  El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual. Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.