Las empresas interesadas en la construcción y la gestión de la residencia de discapacitados tienen dos meses para presentar sus proyectos

El alcalde de Baza ha detallado que entre la construcción y apertura posterior se podrían emplear 250 y 300 personas. ?Estamos dando un paso crucial e importante, para la ciudad de Baza, que podría suponer la creación de unos 150 empleos temporales ligados a la construcción de la residencia y otros 100 estables una vez que abra sus puertas?.El pliego establece que el centro sociosanitario ofrecerá un mínimo de 170 plazas de residentes, que se distribuirán en dos edificios diferenciados en función de los enfermos que se atenderán. El edificio mayor será el centro residencial para personas mayores en situación de dependencia con una capacidad mínima de 120 plazas, mientras que el segundo inmueble con 50 plazas de residencia, se destinará a personas con discapacidad física o psíquica (30 para discapacidad física, visual o parálisis cerebral y 20 residentes con alteraciones graves de conducta/psicodeficientes, especialmente autismo).La característica más novedosa es la oferta de las 30 plazas para personas con daño cerebral (sólo existe en Andalucía una residencia para este tipo de enfermos) y en el hecho de situar en un mismo recinto la residencia de ancianos dependientes, lo que facilitará que padres y madres ancianos con hijos también dependientes con alguna discapacidad puedan ser atendidos en el mismo centro, compartiendo espacios comunes.   Se construirá en una parcela municipal de 6.400 m2 ubicada frente al antiguo polideportivo (esquina avenida José Salinas y avenida de Murcia), aunque las posibilidades de edificación llegan a los 7.680 m2, que el Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario por un periodo máximo y sin posibilidad de prórroga de 40 años. Una vez concluidos los cuatro lustros la totalidad de las instalaciones, mobiliario y maquinaria revertirán al municipio. La inversión total (que incluye construcción, urbanización del entorno y dotación de todos los elementos para el funcionamiento de esta infraestructura) es de 10.581.650 euros, que según el estudio económico se amortizarán en un plazo de 36 años. Una vez finalizada la amortización la adjudicataria deberá abonar un canon, que debe ser superior a los 62.050 euros anuales más el 2% de IPC anual. Esta vertiente de servicio público se refleja, también en el pliego, que obliga al concesionario a concertar el máximo número de plazas que se ofrezcan por la Junta de Andalucía, y a que el coste de las privadas no exceda el 10 % de lo establecido por la Junta de Andalucía para las plazas concertadas.