Una normativa caducada impide obras de rehabilitación y conservación de las construcciones del Parque Natural Sierra de Baza

Aprovechando la visita de una representación del Defensor del Pueblo Andaluz a Baza el pasado 21 de octubre, la Asociación Proyecto Sierra de Baza expuso su queja por la irregular situación que se está viviendo en la gestión el Parque Natural Sierra de baza, en relación con los preceptivos -y vinculantes- informes urbanísticos que se vienen emitiendo por la administración competente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, pesca y desarrollo Sostenible, que tiene encomendada la gestión de este espacio protegido, a través de su Director Conservador.

En la queja que ya ha sido admitida por la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, se destaca la situación de indefensión que se está viviendo en el Parque Natural Sierra de Baza, por la aplicación de una sería de normas restrictivas que no están en vigor, lo que puede conculcar el principio de legalidad y estar actuándose en contra de normas de superior rango, que impone la obligación a todo propietario de conservar y rehabilitar sus inmuebles, lo que no está siendo posible en el Parque Natural Sierra de Baza, al estar denegando la administración autonómica la rehabilitación de las históricas construcciones que se localizan en el espacio protegido en base a una normativa «restrictiva y retrógrada, que no está en vigor en vigor», como acredita la Asociación Proyecto Sierra de Baza, ya que las normas legales específicas del territorio, por las que se regula el Parque Natural Sierra de Baza son el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), normativas que fueron aprobadas por decreto de 9 de marzo de 2004 con una vigencia de 8 años prorrogables por otros 8 años. Una orden de 9 de marzo de 2012, prorrogo la vigencia de varios Planes Rectores de Uso y Gestión de distintos Parques Naturales de Andalucía, entre ellos el de la Sierra de Baza, pero no de forma indefinida, sino que se hacía para plazo máximo de prórroga de 4 años, venciendo su vigencia en marzo del 2016.

Según Proyecto Sierra de Baza «se está conculcando el principio de legalidad y vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos que teniendo construcciones dentro del territorio del Parque Natural Sierra de Baza, precisan o quieren reparar sus inmuebles, lo que irregularmente se les impide, con una norma que contiene una reglamentación imposible de cumplir en la práctica».

En la queja ante el defensor del Pueblo Andaluz, la asociación nacida para difundir y proteger el Parque Natural de la Sierra de Baza, también denuncia la situación de deterioro y abandono en que se encuentra la arquitectura popular de este espacio protegido, lo que se debe de intentar frenar y solucionar de una forma efectiva, para lo que proponen que se propicien una serie de medidas y actuaciones, que permitan poner fin, «con urgencia, a la irreversible destrucción de todo el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

Cambio legislativo

La asociación propone un cambio legislativo urgente y prioritario de sus normas rectoras que no se impida a los propietarios conservar y rehabilitar sus construcciones, «sino que se obligue, incluso a ello, alentando y subvencionando, las reconstrucciones de estos singulares elementos arquitectónicos», que forman parte de la historia cultural de este espacio protegido, que nunca hasta ahora ha sufrido y está sufriendo tal grado de destrucción como el que se arrastra desde que la Sierra de Baza y todas las sierras de su entorno (Montes de Caniles, de Gor o de Charches) fueron declaradas espacio protegido con el nombre global de Parque Natural Sierra de Baza,« lo que no deja de ser una sangrante paradoja». Indica la asociación.

El abogado José Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Proyecto Sierra de Baza, espera que esta iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz, «pueda poner coto a las arbitrariedades de los poderes públicos que conculcan el mandato legal del artículo 9.3 de la Constitución Española sobre interdicción de la arbitrariedad, sirva para poner fin a estos despropósitos y a los propietarios de construcciones de la Sierra de Baza se les permita cumplir con el deber de conservar y reformar sus edificaciones, tal y como dice la ley urbanística».