La Justicia blinda los derechos históricos de agua de La Comunidad de Regantes de Cuevas del Campo, Pozo Alcón e Hinojares tras ocho años de litigio
Una sentencia firme avala los estatutos aprobados en 2018 y garantiza la una concesión histórica que ampara 8.800 hectáreas de regadío en las provincias de Granada y Jaén
Cuevas del Campo
La Comunidad de Regantes de Cuevas del Campo, en la provincia de Granada, junto a las de Pozo Alcón e Hinojares, en Jaén, ha obtenido una importante victoria judicial que garantiza la continuidad de los derechos históricos de agua y aporta seguridad jurídica al futuro del regadío en estos tres municipios. Una sentencia firme de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Jaén ha desestimado definitivamente las impugnaciones presentadas por siete comuneros contra los acuerdos adoptados en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2018.
La resolución judicial de fecha 15 de septiembre de 2026, pone fin a ocho años de litigios y ratifica íntegramente la legalidad de la convocatoria, la asamblea y los acuerdos mediante los que se renovaron los estatutos de la Comunidad de Regantes. Una decisión que resulta especialmente relevante para los agricultores de Cuevas del Campo, Pozo Alcón e Hinojares, al consolidar los derechos de riego vinculados a una concesión histórica que se remonta a 1875.
El pronunciamiento judicial supone un respaldo a la gestión de la entidad y evita que pueda prosperar una interpretación que habría reducido considerablemente la superficie con derecho a riego. En concreto, el conflicto giraba en torno al alcance de la zona regable y a la pretensión de los demandantes de limitar los derechos de agua a 5.800 hectáreas, frente a las 8.800 hectáreas amparadas por la concesión histórica.
La aplicación de aquella interpretación habría dejado sin cobertura de riego a cerca de 3.000 hectáreas de cultivo, con las consecuencias que ello habría tenido para los agricultores y la actividad económica de los municipios afectados.
Ocho años
El procedimiento comenzó cuando siete comuneros disidentes interpusieron cuatro demandas contencioso-administrativas independientes para intentar anular los acuerdos de la Asamblea de 2018. Los procedimientos se tramitaron inicialmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.
Ante la complejidad del proceso, la dirección letrada de la Comunidad de Regantes, ejercida por la abogada María Jesús Lara Fernández, consiguió acumular las cuatro demandas en un único procedimiento, que finalmente ha sido resuelto por el Tribunal de Instancia de Jaén.
Durante estos ocho años, la defensa de la Comunidad tuvo que aportar abundante documentación, informes técnicos y declaraciones testificales para acreditar la legalidad de la convocatoria, el desarrollo de la asamblea y la transparencia del proceso electoral.
La Junta Directiva, con Isicio Cruz Moreno como presidente de la Comunidad de Regantes, y Antonio Rodríguez García y Francisco Oliva Ruiz como presidentes de las dos colectividades, defendió la validez de los acuerdos y la necesidad de preservar los derechos históricos de agua
8.800 hectáreas
Uno de los aspectos fundamentales de la controversia era determinar la superficie que debía quedar amparada por los derechos de riego. Los demandantes defendían que debía prevalecer la delimitación de 5.800 hectáreas contemplada en las antiguas ordenanzas y relacionada con los proyectos desarrollados en los años ochenta tras la puesta en funcionamiento del embalse de La Bolera.
Frente a esta postura, la Comunidad defendió la vigencia de la concesión histórica de 1875, que ampara una superficie total de 8.800 hectáreas y permite ordenar una zona regable de 8.353 hectáreas netas en las dos colectividades.
La sentencia respalda esta posición y confirma la validez de los acuerdos adoptados en 2018, tanto en sus aspectos formales como en el contenido de las decisiones aprobadas por los comuneros.
Más allá de poner fin al enfrentamiento judicial, la resolución abre una nueva etapa para la Comunidad de Regantes y para los agricultores de Cuevas del Campo, Pozo Alcón e Hinojares. La firmeza del fallo consolida la seguridad jurídica de los estatutos renovados y del título concesional, además de despejar el camino para avanzar en la modernización de los regadíos ya en marcha y en avanzado estado de ejecución.
De esta manera, el resultado judicial trasciende el ámbito interno de la Comunidad de Regantes y adquiere una especial importancia para el futuro agrícola de los tres municipios, cuyos agricultores ven respaldados unos derechos históricos de agua fundamentales para mantener sus explotaciones y garantizar la continuidad de la actividad agraria.
El fallo judicial cierra así un largo periodo de incertidumbre y confirma la validez del marco estatutario sobre el que la Comunidad de Regantes quiere desarrollar sus próximos proyectos de modernización y mejora de las infraestructuras de riego.