Una de las explotaciones que tuvo que sacrificar a todos sus animales y tiene que esperar seis meses desde la limpieza para volver a funcionar. / ramón l. pérez

Los trece ganaderos que sacrificaron ovejas por la viruela recibirán 219.000 euros de indemnización

Las 210 explotaciones afectadas por las restricciones al pastoreo podrán solicitar ayudas para compensar los gastos de alimentación

Mercedes Navarrete
MERCEDES NAVARRETE Granada

Los ganaderos de la comarca granadina de Baza vuelven a respirar tras los cuatro meses de pesadilla que ha supuesto el brote la viruela ovina y caprina (VOC). Este lunes, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural levantaba las restricciones de la Unión Europea al movimiento de animales y productos de ovino y caprino, aunque como medida preventiva para evitar posibles rebrotes de la infección debido a la posible presencia del virus, mantienen las restricciones en una pequeña área, que se irán levantando progresivamente.

El balance que deja la enfermedad es 4.345 animales sacrificados en las trece explotaciones donde han aparecido focos, según el balance realizado este martes por la Junta. Doce de los brotes aparecieron en la comarca granadina de Baza, en concreto en los municipios de Benamaurel, Cúllar y Baza, así como en la zona de Huéscar y uno en el término municipal de Oria, en la provincia de Almería.

La consejería está tramitando pagos por un importe que asciende a 219.000 euros para indemnizar a estos ganaderos que se vieron obligados a sacrificar a sus animales, según ha anunciado la Junta que ha destacado la «agilidad» en la gestión de estas compensaciones. Una cifra a la que hay que sumar los 92.000 euros «ya valorados y en trámites de pago» por los gastos de eliminación de cadáveres.

Las medidas

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha recordado que tras la aparición del primer foco adoptó de forma inmediata las medidas de control que se contemplan en la normativa comunitaria. Es el caso del sacrificio de los animales de la explotación afectada, la eliminación de los cadáveres en la planta de transformación, así como la limpieza y desinfección oficial de la explotación.

También se procedió al establecimiento de una zona de protección de tres kilómetros y una de vigilancia en un área de diez kilómetros, con refuerzo de las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones. A ello se suma la aplicación de medidas de restricción de movimiento de animales y productos, así como la investigación epidemiológica para tratar de identificar el origen del virus, aún bajo estudio, así como los posibles contactos de riesgo que se hubieran podido dar.

Como consecuencia de la aplicación de las zonas de protección y de vigilancia, un total de 210 explotaciones ganaderas y aproximadamente 45.000 cabezas de ganado han sufrido las medidas de restricción de movimiento de animales y productos como el estiércol y el pienso.

«En aras de limitar, en la medida de lo posible, las restricciones al movimiento de animales, la Consejería, en estrecha coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, puso en marcha un plan de vigilancia intensivo y específico para la zona afectada, todo ello con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad a otras zonas. Para ello se han tomado muestras de todas las explotaciones ubicadas a menos de cinco kilómetros de cualquiera de los focos y analizado mediante PCR en el laboratorio nacional de referencia, el de Algete, en Madrid», explican desde la consejería.

Se efectuaron más de 6.000 tomas de muestras de cara a justificar la existencia de la enfermedad únicamente en los focos declarados, manteniendo como zona libre otras comarcas y municipios de las provincias de Granada y Almería.

Decisiones difíciles

«Es cierto que las medidas de gestión del brote han implicado decisiones difíciles para los ganaderos, como el sacrificio de los animales, la eliminación de piensos, estiércoles y otros insumos de la explotación, además de la limitación de movimientos del ganado, que han impedido el aprovechamiento de los pastos cercanos a las mismas«, ha valorado el director general de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería, Manuel Gómez Galera.

No obstante, ha incidido en que «los importes de indemnización por sacrificio se han pagado, salvo un número reducido que aún no ha resuelto las incidencias, así como los gastos de eliminación de cadáveres, a los que se sumarán pagos por la limpieza y desinfección, además de haber establecido ayudas extraordinarias, que también van a percibir».

Las indemnizaciones

Además, el director general de la consejería ha recordado que las 210 explotaciones de ovino y caprino afectadas por las restricciones podrán solicitar ayudas para compensar el gasto extraordinario afrontado por los ganaderos en alimentación del ganado al que no se le permitía el pastoreo. «Estas cuentan con un presupuesto de la Junta de Andalucía y se acogen al régimen de mínimis conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Unión Europea», apuntan desde la consejería.

Explican además que la administración concederá de oficio estas ayudas a los titulares de las unidades productivas, determinándose el importe en función de número de animales afectados por las restricciones de movimiento y el periodo en el que estuvieron afectadas. Una vez publicadas las ayudas, el plazo estimado para su resolución y pago será de tres meses.

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