Dos meses de bloqueo político en Baza

En el pleno de organización, el PP aprobó el organigrama municipal de funcionamiento y responsabilidades de cada concejal, para poder ponerse a trabajar, pero no los sueldos, que no obtuvieron el apoyo ni del representante de Vox, Rafa Azor, que se sintió engañado, ni de la concejala de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez. El motivo que esgrimió ella fue que la presencia de Vox en la ecuación era una «línea roja».

En un mes, el PP, que nunca ha creído conveniente negociar los sueldos con el PSOE, tuvo la negativa también de Izquierda Unida, a cuyo concejal incluso le ofrecieron formar parte del gobierno, algo que la asamblea local del partido rechazó.

Después de comprobar que Rafa Azor no iba de farol y que su voto no lo regalaba sin recibir una compensación a cambio, el PP movió ficha y ofreció a Vox entrar en el Gobierno, que así lo hizo comprometiéndose a apoyar todas las decisiones municipales.

Ya con el acuerdo suscrito, el pasado 11 de agosto el PP volvía a convocar un pleno con la intención de aprobar los sueldos. Con el apoyo de Vox asegurado y con el PSOE con su capacidad de voto mermada por la ausencia de su portavoz, que se encontraba de viaje fuera de España, la iniciativa parecía abocada a salir adelante, pero tampoco fue así.

Manolo Gavilán, el portavoz socialista, que se enteró de la convocatoria del pleno a 5.000 kilómetros de Baza, regresó sorpresivamente solo para acudir al pleno. La aprobación de los sueldos pasaban entonces por el apoyo de Lidia Sánchez, pero se negó apelando a su 'línea roja': Vox. Posición de la que no se movió ni cuando el portavoz de Baza de la formación de Abascal le dijo que dejaría su partido próximamente.

Hay que recordar que lo que se votaba era la masa salarial, que ha ido cambiando en función de las negociaciones con Vox. En julio la propuesta del equipo de gobierno fue la de emplear 437.000 euros en pagar a los ediles: con sueldos de 45.000 euros para el alcalde, de 30.000 para los concejales liberados y 15.785 para los medio liberados. El acuerdo con Vox sumaba un sueldo más, el de Azor, de 30.000 euros, como nuevo edil del equipo de gobierno. Los grupos de las oposición discrepan con esta fórmula y por eso la rechazan. Aunque todos están de acuerdo en que alcalde y concejales deben de cobrar un sueldo digno e incluso creen que la propuesta del PP es moderada, las desaveniencias vienen por el número de liberaciones, que las consideran excesivas. El equipo de gobierno opina lo contrario y alude el ahorro que va a supone ahorrarse el sueldo que cobraba el gerente de Emuviba.

Después de no haber conseguido aprobar por segunda vez los sueldos, el equipo de gobierno comenzó la semana con un comunicado en el que acusaba a la oposición de bloquear la acción de gobierno. «Nos sentimos arrinconados, presionados y maltratados, injustamente. No hemos tenido tiempo de demostrar nada, ni malo ni bueno, de cuál puede ser nuestra gestión al frente del Ayuntamiento», se podía leer en el mismo.

Pero el PP fue más allá y arremetió también contra la alcaldesa de Caniles, a la que hacen responsable de todo lo que está pasando en Baza. ¿Por qué? Por ser la líder de Compromiso en su municipio, en el que también se encuentra gobernando en minoría.

«María Pilar Vázquez ha puesto por delante sus intereses personales para que el PP apoye allí los sueldos que quiere ponerse en el Ayuntamiento de Caniles», dijeron los populares.

Tras lo cual se desató una tormenta política que ha acabado teniendo su efecto y ha obligado a intervenir a la dirección provincial de los populares, que enviaron al responsable de zona, el parlamentario andaluz, Mariano García a poner orden. Lo hizo el miércoles pasado en Caniles, donde finalmente hubo acuerdo para que ambos municipios puedan tener al menos sueldos.

En Caniles se celebró el pleno el viernes pasado y la masa salarial salió adelante con la ausencia de un representante popular y el voto de calidad de la alcaldesa. En los próximos días, parece que sucederá lo mismo en Baza, donde acabará tras dos meses un periodo de bloqueo tal que ni siquiera los concejales han podido llevar un sueldo a casa.