Declaran dos ediles del PP de Baza por un delito contra la integridad moral de una trabajadora

La mujer también declaró, aportó documentación y ratificó su denuncia

José Utrera

Baza. Dos concejales del equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento de Baza han prestado declaración en el juzgado de instrucción número uno de Baza tras la denuncia presentada por una trabajadora municipal por un presunto delito contra su integridad moral.

Los concejales denunciados son el de Agricultura y la edil de Gobernación, quienes rechazaron las acusaciones de la denunciante y solo contestaron a las preguntas de sus abogados.

Un día antes fue la propia denunciante, trabajadora de la perrera municipal la que prestó declaración, se ratificó en la denuncia y presentó documentación sobre su estado de salud y también un audio en el que supuestamente se recogían algunas conversaciones de los concejales que podían aclarar los hechos.

La denunciante comenzó a trabajar como funcionaria interina por concurso oposición en agosto de 2022. Fue en el puesto de peón de recogida de animales. En él se encargaba de mantener las instalaciones de la perrera. También de abrir y cerrar el mercado de ganado, entre otras obligaciones.

Según la denuncia, el «sobreesfuerzo» por la falta de personal en el puesto le generó estrés. La trabajadora solicitó la baja. Esto habría sido aprovechado por el Ayuntamiento para convocar esa plaza que ocupaba como interina.

La trabajadora fue la única que aprobó el examen de los cuatro candidatos. Pasó así a formar parte como funcionaria de carrera en enero de 2024. En esa fecha fue cuando se agravó su situación laboral con un aumento de las tareas a realizar. Según su denuncia, los concejales de Personal y Agricultura mantuvieron «ataques» y presiones contra la trabajadora. Entre ellos, reproches a su trabajo, lo que le provocaron una situación por la que el médico le recetó un tratamiento y la derivó a Salud Mental.

Durante el tiempo que estuvo de baja, recibió llamadas en las que le comunicaban su obligación de incorporarse al trabajo pese a un mal estado de salud. Por ello, se incorporó a su puesto con un informe que decía que no debía trabajar con animales. Pese a esta situación, el Ayuntamiento la envió a la perrera al entender que se correspondía con su plaza. Poco después de su vuelta al trabajo, el Ayuntamiento le abrió un expediente al interpretar que no cumplía con todas sus tareas, lo que empeoró la salud de la funcionaria.

Tras las declaraciones de la denunciante y los ediles, se ha solicitado un informe forense sobre la situación actual de la trabajadora y la declaración de dos testigos, uno por parte.

El abogado de la acusación, Francisco Ferre, considera que las pruebas aportadas por su clienta, especialmente grabaciones de audio, resultan especialmente relevantes: «La forma de tratarla queda clara en el audio entregado», apunta.

Según expone el abogado, los problemas con la trabajadora comenzaron en 2024, después de dos años sin incidencias, coincidiendo con el relevo en la gestión del servicio de la perrera municipal. La asociación que ahora gestiona dicho servicio por un contrato de 18.000 euros habría emitido informes críticos contra la trabajadora.

«Las quejas vienen precisamente de la asociación que ahora tiene el contrato. Esto chirría. Pero lo que más chirría es el contenido de ese audio», señala el abogado, que califica el trato recibido a su cliente como humillante y agresivo. En dicha grabación, una concejala llega a acusar a la empleada de «tener mucho cuento» y «no querer trabajar», pese a estar en situación de baja médica.

Uno de los ediles que han prestado declaración en el juzgado ha indicado a IDEAL que mientras el asunto esté en fase de instrucción, no van a realizar declaraciones. «Llegado el momento, si hay que manifestar algo a la opinión pública, será por medio de nuestros abogados», señaló.

• Temas
• Partido Popular (PP)
• Ideal