La Comunidad de Regantes 'Llanos de Caniles' obtiene la autorización ambiental unificada

Tras un trámite que ha durado más de 19 meses, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha otorgado la autorización favorable para el proyecto de implantación de 1.800 ha de regadío en los términos municipales de Caniles y Baza.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto contempla actuaciones de manejo para mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies incluidas en el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias aprobado por la Junta de Andalucía. Por otro lado, al utilizar aguas superficiales procedentes del pantano del Negratín, el proyecto contribuirá a evitar la construcción de más pozos en la zona, ayudando así a la mejora cuantitativa de los acuíferos.

Con esta resolución, que ya ha sido remitida a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se cumplen todos los requisitos para que sea otorgada definitivamente la concesión de aguas por parte del Organismo de Cuenca.

El Presidente de la Comunidad, José Ramón Valero, ha declarado que «estamos muy ilusionados con este último paso dado por la Comunidad, pero a partir de ahora hay que buscar la financiación para la ejecución del proyecto, mediante las ayudas a los regadíos de la Junta de Andalucía para la distribución y las infraestructuras en alta por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.»

Por su parte, la alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez, ha indicado que «es una gran noticia para el municipio de Caniles, cuya economía es eminentemente agrícola, ya que creará desarrollo, oportunidades de negocio, empleo y fijación de población».

El técnico de la Comunidad, Pedro Castillo, ha puesto de manifiesto la fuerte inversión que supone el proyecto, cuyo plazo de ejecución se ha fijado en 18 meses, «será un gran impulso para el sector agrícola de la zona ya que los cultivos serán mucho más productivos con el regadío», ha concluido Castillo.

La Comunidad tiene previsto realizar una asamblea en los próximos meses para aprobar la derrama que deberá costear la compra de los terrenos donde se ubicarán las balsas y las plantas fotovoltaicas para las impulsiones, así como los proyectos de ejecución de obras.