Baza lleva 40 años esperando las obras hidráulicas para consolidar y modernizar los regadíos

La declaración de riesgo para la masa de agua subterránea Baza-Freila-Zújar supondrá pérdidas millonarias para el sector agrícola sin ninguna contraprestación. Mientras que la declaración de sobreexplotación de los acuíferos de Doñana ha resultado en una inyección de 1.400 millones de euros en medidas socioeconómicas y ambientales, en la comarca de Baza no se contempla ninguna acción compensatoria. Solo se imponen restricciones al riego y al abastecimiento de agua potable, llegando al extremo de obligar a los usuarios a costear al hidrogeólogo residente.

La Asociacion de Agricultores, Ganaderos y Productores de las comarcas de Baza y Huéscar (AGAPRO) denuncia el doble rasero de las administraciones «La realidad es evidente: la Comarca de Baza no interesa ni a la Junta ni al Gobierno Central, salvo para garantizar que el agua fluya hacia el Guadalquivir y, en última instancia, hasta Doñana».

El presidente de AGAPRO, José Antonio Azor denuncia «Llevamos 40 años esperando las infraestructuras hidráulicas que consoliden nuestros regadíos con aguas superficiales. Sin embargo, la CHG optó en su día por otorgar concesiones de pozos y ahora pretende corregir su error con restricciones drásticas».

«Gracias a nuestras reivindicaciones, conseguimos una reserva de 18,5 hm3 de agua superficial desde el embalse del Negratín para consolidar nuestros regadíos. Esta reserva figura en los planes hidrológicos desde 2013, pero la CHG no ha otorgado ni una sola concesión a las cinco comunidades de regantes que la solicitaron en Zújar, Freila, Baza y Caniles. Llevamos 12 años esperando, mientras nuestras fuentes se secan y nuestros municipios dependen exclusivamente de concesiones de pozos». Señala.

Los regantes consideran que en lugar de aplicar las soluciones previstas en los planes hidrológicos —sustituir los pozos por aguas superficiales para aliviar el acuífero—, ahora proponen cerrar el acuífero sin ofrecer alternativas, poniendo en peligro el futuro de la comarca.

El propio Plan Hidrológico vigente advierte de las graves consecuencias socioeconómicas de estas restricciones con pérdidas en la producción agraria y destrucción de empleo, con efectos en servicios y economía local. Se estima un impacto económico negativo de 4.178.800 de euros anuales. Además, un cambio de actividad económica que requeriría inversiones millonarias y un largo periodo de adaptación.

Los regantes reconocen que la reducción de extracciones mejoraría los niveles piezométricos y los caudales de los manantiales, pero este objetivo no puede lograrse a costa de la desaparición de la agricultura y la desertificación de la comarca.

Desde AGAPRO exigen que se cumpla el plan hidrológico en su totalidad, incluyendo la construcción de las infraestructuras necesarias para sustituir los pozos por aguas superficiales del embalse del Negratín para riego y del embalse del Portillo para abastecimiento. «Pero esto debe hacerse antes de imponer restricciones que arruinen nuestra economía». Precisan.

Si se destruye el tejido empresarial agrícola cerrando el acuífero, como pretende la administración hidráulica, después ya no hará falta construir infraestructuras: no quedarán agricultores a quienes suministrar agua.

José Antonio Azor, recuerda que la Comarca de Baza se ha convertido en una tierra de sacrificio, donde sus recursos hídricos se destinan a otros territorios en detrimento de su propia supervivencia. «Pero aún hay esperanza. Desde AGAPRO hacemos un llamamiento a todos los agricultores, comunidades de regantes, ayuntamientos y entidades de la comarca para sumarse a las movilizaciones previstas para marzo en Sevilla y exigir el cumplimiento del plan hidrológico en lo relativo a concesiones e infraestructuras necesarias para la supervivencia de nuestra agricultura».

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