El alcalde de Benamaurel pide el archivo de su imputación por una presunta estafa y alega que es víctima de suplantación

Según consta en un escrito presentado un día después de ser detenido ante el juzgado que instruye las diligencias, la defensa del regidor afirma que personas desconocidas habrían utilizado el nombre y los datos de la empresa Contenedor Subterráneo S.L., actualmente inactiva, para cometer estafas a través de internet. El documento señala que los presuntos autores contactaban con clientes mediante teléfono móvil y correo electrónico, solicitando pagos por adelantado a través de cuentas bancarias vinculadas a terceros.

Torregrosa asegura que tuvo conocimiento de la situación después de que el Ayuntamiento comenzara a recibir numerosas llamadas de personas que preguntaban por la citada empresa. Tras conocer estos hechos, presentó una denuncia el 9 de mayo de 2024 ante el puesto de la Guardia Civil de Benamaurel.

La defensa sostiene que el alcalde ha recibido citaciones judiciales en distintos procedimientos penales y civiles abiertos en varios juzgados del país, relacionados con los mismos hechos. Entre ellos figuran diligencias previas tramitadas en tribunales de Alcalá de Guadaíra, Vera y Alicante.

De acuerdo con la documentación aportada, en algunos de esos procedimientos la investigación policial ya habría identificado a una presunta estafadora M. D. B.R y a varios números de teléfono utilizados para cometer los fraudes, supuestamente empleando identidades de terceras personas. En ninguno de esos casos, según el escrito, se ha apreciado indicio alguno de participación del alcalde en los hechos investigados.

Por ello, la defensa solicita al juzgado que dicte auto de sobreseimiento libre respecto a Torregrosa, al considerar acreditado que no es responsable de los delitos investigados y que, en todo caso, debería figurar como perjudicado o testigo en el procedimiento.

De forma subsidiaria, también pide que se practiquen nuevas diligencias de investigación, entre ellas requerimientos a las entidades bancarias para identificar a los titulares de las cuentas donde se habrían recibido los pagos, así como la identificación de los titulares de los teléfonos y direcciones de correo electrónico utilizados en los contactos con las víctimas. Además, solicita la intervención de unidades especializadas en delitos telemáticos de las fuerzas de seguridad para rastrear las direcciones IP desde las que se habrían realizado las operaciones fraudulentas.