Mantienen la petición de penas para la alcaldesa de Caniles y el expresidente de Diputación

Los hechos se remontan al año 2003

EFEGRANADA

La Fiscalía de Granada ha mantenido la petición de penas de inhabilitación y cárcel para el expresidente de la Diputación de Granada Antonio Martínez Caler, y la alcaldesa socialista de Caniles, Isabel Mesas, juzgados junto a una exalcaldesa del PA por la concesión de licencias.

El Ministerio Público ha mantenido la calificación provisional de los hechos y la petición de penas para los tres acusados de conceder licencias de obras y de primera ocupación en un barrio de cuevas de Caniles, municipio ubicado en la zona norte de la provincia.

Lo ha hecho en la segunda y última sesión del juicio que se celebra desde ayer en al Audiencia de Granada y en la que los tres investigados se declararon inocentes de dos delitos contra la ordenación del territorio, uno de ellos continuado.

Los hechos se remontan al año 2003 cuando la actual alcaldesa Isabel Mesas, que también lo era entonces, concedió licencia de obras para dos viviendas en la calle Hortensia de Caniles a las que se sumó una tercera cinco años después, consideradas las tres ilegales por no haber exigido un aval a los propietarios.

El que fue presidente de la Diputación de Granada Martínez Caler concedió, también como alcalde y en 2003, una licencia de primera ocupación a un vivienda de esa misma calle.

Mesas, en una nueva etapa como alcaldesa ya en 2011, concedió otra licencia de primera ocupación y la también acusada María Pilar Sánchez, que fue alcaldesa por el PA en 2012, repitió la misma acción.

Todas estas licencias afectaron a viviendas ubicadas en el barrio San Sebastián, una zona histórica de cuevas que tiene como instrumento urbanístico las Normas Subsidiarias y la calificación de suelo urbano.

El abogado de Sánchez, Rafael Revelles, ha explicado a Efe que los tres acusados han recalcado las peculiaridades de un barrio de cuevas en el que las obras de urbanización podrían ser mejorables, pero que era una zona de suelo urbano, por lo que concedieron las licencias siempre con informes favorables.

Martínez Caler, que ayer defendió que las licencias se aprobaban en la Junta de Gobierno Local, se enfrenta a la petición de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa de 6.000 euros.

La que fue alcaldesa María Pilar Sánchez se enfrenta a la petición fiscal de un año y diez meses de prisión, ocho años de inhabilitación especial y multa de 6.480 euros, y la actual alcaldesa a tres años de cárcel, otros diez de inhabilitación especial y el pago de una multa de 7.200 euros.

Durante la sesión de hoy han declarado los testigos de las defensas, que han apuntado que en la zona había acerado y puntos de alumbrado público, servicios básicos que los vecinos debían incrementar, en un juicio que ha quedado visto para sentencia.

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