La concesionaria de la central del Portillo reclama 7,5 millones al ayuntamiento de Castril

Central hidroeléctrica del Portillo./José Utrera García
Central hidroeléctrica del Portillo. / José Utrera García

La empresa denuncia por presunta prevaricación al alcalde de Castril, Miguel Pérez

José Utrera García
JOSÉ UTRERA GARCÍACASTRIL

La empresa Andaluza de la Energía S,L ha presentado en el juzgado de Huescar una denuncia contra el alcalde de Castril Miguel Pérez por un posible delito de prevaricación por paralizar una obra que tiene todos los permisos e informes.

En la actualidad, la Central Hidroeléctrica del Portillo se encuentra construida en su totalidad, a falta únicamente de la realización de una línea soterrada para conectar la central con la red de distribución. Obra que requiere de la preceptiva licencia urbanística por parte del ayuntamiento competente, Castril de la Peña.

Con fecha 29 diciembre 2017, 'Andaluza de la Energía, S.L.' presentó ante el Ayuntamiento de Castril, solicitud de licencia de obras para la ejecución de la línea eléctrica enterrada para la conexión de la C.H. de El Portillo con la red de distribución.

El plazo de tramitación de dicho expediente, según el marco legal, es de tres meses, finalizado el cual, rige el silencio positivo. Dicha norma es clara, no deja lugar a dudas.

«Cuando el alcalde ordeno la paralización de las obras hace unos meses, el expediente se encontraba ya completo, reunía todos los requisitos, y contaba con la documentación e informes precisos para autorizar la licencia de obras, como lo acredita la existencia de informe favorable del secretario del Ayuntamiento de Castril, que no se nos ha facilitado por el Ayuntamiento, por lo que se solicita como medio de prueba». Indica la empresa en la denuncia presentada en el juzgado de Huéscar.

No se puede negar la licencia

Andaluza de la Energía, recuerda que la autorización de licencia de obras se trata de una potestad reglada, no discrecional, es decir, cumpliéndose los requisitos –como en este caso- no se puede negar la autorización.

Con fecha 25 de mayo del año en curso, ante la inactividad del Ayuntamiento y, siguiendo lo ley, se presentó escrito al ayuntamiento con dos finalidades. Solicitando la emisión de la liquidación de la Tasa correspondiente a la licencia. -Y realizando la comunicación previa que dé inicio de obras, con diez días de antelación, como indica la ley.

Dicho escrito fue respondido directamente por el Alcalde, mediante comunicación con registro de salida nº 344 de fecha 28 de mayo, indicando que el 17 de abril anterior –es decir, ya fuera del plazo de tres meses para tramitar la licencia y sin haber informado a la empresa- había decidido remitir petición a la Delegación Territorial de un informe y que, por ello, dice, «es imposible» realizar la liquidación de la tasa. Añadiendo, además, que suspende el plazo de resolución. Decisión directa del alcalde, que la empresa considera arbitraria, toda vez que el plazo para la tramitación del expediente ya se había sobrepasado No obstante, la Delegación Territorial respondió a dicho requerimiento.

Dilaciones indebidas

La empresa explica que los argumentos para presentar la querella contra el actual alcalde de Castril de la Peña, «son por las dilaciones indebidas cometidas por él, en la tramitación del expediente».

-En los hechos expuestos al juzgado, también se reflejan la paralización de las obras a su inicio el 11 de junio con ausencia absoluta de procedimiento y de los requisitos formales y legales, «en un claro abuso de autoridad».

La empresa considera que la paralización de las obras el 25 de junio pasado, nada más reiniciarse, « mediante Decreto arbitrario, toda vez que se ha dictado en un expediente administrativo que ya se encontraba y encuentra, terminado y completo». En este punto la normativa autonómica es clara, e indica que se produce silencio positivo al cabo de tres meses (cuando el verano pasado la empresa reinicio las obras habían transcurrido seis). «Si se dicta resolución expresa posterior, sólo cabe que sea positiva».

La empresa en su denuncia explica que ante se ha visto obligada a presentarla ante la negativa a finalizar el expediente mediante resolución expresa favorable o convocando a la Junta de Gobierno Local para emitir dicha resolución, una vez que el expediente ya ha sido informado favorablemente por Secretaría.

En la misma denuncia, Andaluza de la Energía, recoge la existencia de un daño potencial que supera los siete millones y medio de euros, por lo que será de muy difícil o imposible reparación. Sin olvidar que está impidiendo una actividad que pretende la satisfacción de un interés público.

Si prospera la denuncia y la gana la empresa concesionaria de la explotación de la central hidroeléctrica, construida en la presa del pantano del Portillo, puede ser la ruina del ayuntamiento castrileño, que se vería con una losa económica de 7,5 millones de euros.

Posteriormente a la denuncia de Andaluza de la Energía, el ayuntamiento, hace unas semanas anuncio que había llevo a la Fiscalía del TSJA la explotación de la Central Hidroeléctrica del Portillo.

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