La alcaldesa de Caniles y el expresidente de la Diputación de Granada defienden la legalidad de las licencias investigadas

La alcaldesa de Caniles y el expresidente de la Diputación de Granada defienden la legalidad de las licencias investigadas
E. PRESS

Ambos se han declarado inocentes durante la primera de las dos sesiones del juicio

EFEGRANADA

El que fue presidente de la Diputación de Granada Antonio Martínez Caler (PSOE), y la alcaldesa socialista de Caniles, Isabel Mesas, han defendido que concedieron licencias de obras y primera ocupación en un barrio de cuevas del municipio siguiendo informes técnicos y de forma condicionada.

Ambos se han declarado inocentes durante la primera de las dos sesiones del juicio que ha comenzado este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Granada por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio, uno de ellos continuado.

Los hechos se remontan al año 2003 cuando la actual alcaldesa, que también lo era entonces, concedió licencia de obras para dos viviendas en la calle Hortensia de Caniles a las que se sumó una tercera cinco años después, consideradas las tres ilegales por no haber exigido un aval a los propietarios.

El que fue presidente de la Diputación de Granada Martínez Caler concedió, también como alcalde y en 2003, una licencia de primera ocupación a un vivienda de esa misma calle.

Mesas, en una nueva etapa como alcaldesa ya en 2011, concedió otra licencia de primera ocupación y la también acusada María Pilar Sánchez, que era alcaldesa de Caniles en 2012, repitió la misma acción.

Todas estas licencias afectaron a viviendas ubicadas en el barrio San Sebastián, una zona histórica de cuevas que tiene como instrumento urbanístico las Normas Subsidiarias y la calificación de suelo urbano.

Martínez Caler, que se enfrenta a la petición de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa de 6.000 euros, ha defendido que como alcalde no concedía licencias, que eso lo hace en la Junta de Gobierno Local junto a otros tres concejales, entre ellos el de Urbanismo, la secretaria municipal y el aparejador.

Ha asegurado que los expedientes llegaban «completos», que el que motivó su acusación no tenía condicionantes y que en la zona estaban ya «metidos» el agua, saneamiento y el alumbrado público.

La que fue alcaldesa María Pilar Sánchez ha recordado que cuando se tramitaron las licencias se aprobó solicitar a los vecinos un aval para garantizar obras de urbanización, lo que se les trasladó sin más «porque nadie de la mesa informó de forma contraria«.

La actual alcaldesa de Caniles, que se enfrenta a la petición fiscal de tres años de prisión, otros diez de inhabilitación especial para el cargo y el pago de una multa de 7.200 euros, también ha subrayado que en el barrio había «agua, luz y partes de acerado« y ha asegurado que había »servicios básicos«.

El aparejador municipal, que ha declarado como testigo, ha recordado que las licencias se dieron de manera condicionada a la presentación del aval, como demuestra que uno de los vecinos presentara un escrito de respuesta a esta requerimiento.

Los agentes de la Guardia Civil que actuaron en la causa han dicho que comprobaron que al menos tres casas estaban habitadas en un juicio que continuará mañana con nuevos testigos.

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