Absuelven a Martínez Caler de un delito contra la ordenación del territorio

Caler, en una imagen de archivo./José Utrera García
Caler, en una imagen de archivo. / José Utrera García

El fallo estima que el posible delito estaba prescrito, tal y como había indicado su defensa

José Utrera García
JOSÉ UTRERA GARCÍABaza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha absuelto al expresidente de la Diputación y exalcalde de Caniles Antonio Martínez Caler, a la también exalcaldesa María Pilar Vázquez y a la actual regidora de la villa canilera, Isabel Mesas, que se sentaron en el banquillo acusados de una supuesta concesión irregular de licencias. En el caso de Antonio Martínez Caler, el fallo estima que el posible delito estaba prescrito, tal y como había indicado su defensa.

El expresidente de la Diputación se enfrentaba a una petición del fiscal de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por otra parte, la fiscalía había solicitado para la actual alcaldesa de Caniles tres años de prisión, inhabilitación especial durante diez años y multa de 7.200 euros por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Para la también exalcaldesa, María del Pilar Vázquez (PA), se pedía un año y diez meses de prisión, ocho años de inhabilitación especial y multa de 6.480 euros.

Desde 2003

Los hechos que llevaron al banquillo a los tres últimos alcaldes de Caniles se remontan al año 2003 cuando la actual alcaldesa, Isabel Mesas, concedió licencia de obra para dos viviendas en la calle Hortensia a las que se sumó una tercera cinco años después, consideradas las tres ilegales por no haber exigido un aval a los propietarios.

Martínez Caler concedió, como alcalde en 2003, una licencia de primera ocupación a una vivienda de esa calle. Mesas, en 2011, concedió otra y María Pilar Sánchez, alcaldesa en 2012, también. Según consta en el fallo de la Audiencia al que ha tenido acceso IDEAL, queda demostrado que las decisiones de los tres acusados contaron con los informes favorables de los técnicos y de la secretaria del Ayuntamiento, sin reparo alguno de ilegalidad. Además, los tres alcaldes, al firmar las licencias, solicitaron a los beneficiarios de las mismas el correspondiente aval para finalizar la urbanización.

La sentencia, con fecha del pasado 18 de mayo, indica que aun cuando las licencias «no se ajustasen a la legalidad, no puede afirmarse que cumplan con el requisito de ser patentemente contrarias a la misma por lo que debe dictarse sentencia absolutoria declarando de oficio las costas causadas». La zona donde se concedieron las licencias en el Barrio de San Sebastián es un barrio de casas cueva que, según la normativa urbanística, tiene categoría de suelo urbano consolidado en área de cuevas.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos